Hacienda puede congelar tus cuentas antes de que exista una deuda firme. La mayoría de contribuyentes asume que, mientras la inspección no concluya, su patrimonio está a salvo. Falso. La Ley General Tributaria otorga a la Administración la potestad de adoptar medidas cautelares — incluido el embargo preventivo — cuando existan indicios de que el cobro futuro puede verse frustrado. La Agencia Tributaria adopta cada año miles de medidas cautelares en procedimientos de inspección, una cifra que ha ido creciendo en los últimos ejercicios según sus memorias anuales. ¿Inocente hasta que se demuestre lo contrario? En materia tributaria, ese principio tiene matices inquietantes.

Qué son las medidas cautelares tributarias

El Art. 81 LGT establece que la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, el cobro de la deuda tributaria se vería frustrado o gravemente dificultado. No es necesario que exista una liquidación definitiva: basta la mera expectativa de una deuda futura.

Estas medidas pueden consistir en:

  • Embargo preventivo de bienes y derechos — incluidas cuentas corrientes, inversiones, vehículos
  • Retención de devoluciones tributarias pendientes de liquidar
  • Prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes inmuebles, mediante anotación preventiva en el Registro de la Propiedad
  • Precinto, depósito o incautación de mercancías o productos

Para asegurar el cobro de las deudas cuya recaudación sea imputable al órgano de recaudación competente, se podrán adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.

Art. 81.1 LGT — Ley 58/2003, General Tributaria

Las medidas cautelares durante la inspección: Art. 146 LGT

El Art. 146 LGT regula específicamente las medidas cautelares dentro del procedimiento de inspección. El inspector actuario puede proponer, y el órgano competente adoptar, medidas para impedir que desaparezcan pruebas o se destruyan elementos de prueba, o para asegurar el cobro de la deuda que previsiblemente resultará de la inspección.

En la práctica, esto significa que un inspector que detecta indicios de ocultación patrimonial puede solicitar el mismo día que se congelen las cuentas del contribuyente. La velocidad de la Administración en estos casos contrasta drásticamente con la lentitud habitual de los procedimientos.

El requisito del periculum in mora: no vale con sospechar

Las medidas cautelares no son automáticas. El Art. 81.1 LGT exige dos requisitos cumulativos:

  1. Indicios racionales de frustración del cobro — la Administración debe acreditar que existe un riesgo real, no teórico. No basta con que el contribuyente tenga deudas: hay que demostrar comportamientos de vaciamiento patrimonial, transmisiones sospechosas o desaparición de activos.
  2. Proporcionalidad — el Art. 81.4 LGT exige que la medida sea proporcional al daño que se pretende evitar. No se puede embargar 500.000 euros por una deuda previsible de 30.000.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara: la motivación de la medida cautelar debe ser específica, concreta y suficiente. Una motivación genérica del tipo "existen indicios de dificultad de cobro" es insuficiente y anulable. Diversas sentencias del Tribunal Supremo han anulado medidas cautelares por falta de motivación suficiente, exigiendo que la Administración concrete los indicios de frustración del cobro.

Duración: 6 meses con límite

Las medidas cautelares no son eternas. El Art. 81.6 LGT establece un plazo máximo de 6 meses. Si en ese plazo la Administración no liquida la deuda, las medidas deben levantarse automáticamente. Si la liquidación se produce antes, las medidas cautelares se convierten en embargos del procedimiento de apremio.

Sin embargo, existe una trampa procesal: la Administración puede adoptar nuevas medidas cautelares sobre los mismos bienes si cambian las circunstancias. En la práctica, esto puede prolongar la situación de bloqueo patrimonial más allá de los 6 meses teóricos.

Cómo defenderse de un embargo preventivo

Frente a una medida cautelar tributaria, el contribuyente tiene varias vías de defensa:

  • Impugnación ante el TEAR (Tribunal Económico-Administrativo Regional) por falta de motivación, desproporción o ausencia real de periculum in mora
  • Solicitud de suspensión cautelarísima con ofrecimiento de garantía alternativa (aval bancario, hipoteca unilateral, seguro de caución)
  • Recurso contencioso-administrativo con petición de medida cautelar de suspensión — los tribunales ordinarios están siendo cada vez más receptivos a estas peticiones
  • Verificar la proporcionalidad: si el embargo excede manifiestamente la deuda previsible, es motivo directo de anulación

Recomendación profesional

Si recibes la notificación de una medida cautelar, el tiempo es crítico. No esperes a que se congele todo. Contacta inmediatamente con un asesor fiscal para analizar la motivación del acuerdo y preparar la impugnación. La falta de motivación específica es el talón de Aquiles más frecuente de estas medidas — y un buen profesional puede detectarla en horas.

Referencias legales

  • Art. 81 LGT — Medidas cautelares
  • Art. 81.4 LGT — Proporcionalidad de las medidas cautelares
  • Art. 81.6 LGT — Plazo máximo de 6 meses
  • Art. 146 LGT — Medidas cautelares en el procedimiento de inspección
  • Art. 727 LEC — Medidas cautelares (supletorio)